Año - 2015

Gastos Necesarios, Artículo N° 31 de la ley Sobre Impuesto a la Renta

Para poder deducir un gasto de la renta bruta, ya sea se encuentre este pagado o adeudado, indistintamente, se debe acreditar en forma fehaciente ante el Servicio de Impuestos Internos, de modo claro e indubitado.

La I. Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de apelación de la contribuyente y confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de Bío Bío, que rechazó el reclamo en contra de una liquidación por Impuesto de Primera Categoría.

El Servicio de Impuestos Internos objetó la deducción como gasto de una indemnización pagada por la contribuyente y que constaba en un contrato de transacción, por estimar que no se cumplía con los requisitos del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

La contribuyente alegó la vulneración a los artículos 21, 24 y 63 del Código Tributario.

Indicó que la calificación de “gasto no justificado” que efectuó el Servicio, no se condecía con la fiscalización, donde –a su juicio- jamás se puso en duda la justificación del gasto, para lo que bastaría solamente la contabilidad y documentación de respaldo que estuvo a la vista de los fiscalizadores en todo momento.

Agregó que se invirtió la carga de la prueba, toda vez que la reclamante acompañó toda la documentación requerida, sin que fuera observada por el Servicio, con lo que dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 21 del Código Tributario.

Alegó, igualmente, la vulneración al inciso 2° del citado artículo 21, en cuanto la citación sería meramente descriptiva, sin que se hubiera calificado de no fidedigna su contabilidad, razón por la que el Servicio no podía prescindir de ella y determinar un impuesto distinto al que de esta resultara.

La Corte expuso, en lo relativo a la “necesariedad del gasto”, que el contrato de transacción en el que constaba el pago de la indemnización fue suscrito 8 meses después de la enajenación del predio denominado “lote dos”, razón por la que se desvirtuaba claramente la necesariedad del “pago” de la indemnización aludida, que la contribuyente justificó con la finalidad de poder materializar la enajenación de dicho bien raíz.

Agregó que para poder deducir un gasto de la renta bruta, ya sea se encuentre este pagado o adeudado, indistintamente, se debe acreditar en forma fehaciente ante el Servicio de Impuestos Internos, de modo claro e indubitado.

Indicó que para acreditar que la indemnización efectivamente se “adeudaba”, no bastaba con hacer mención a los cheques girados en favor del acreedor, sino que era necesario además acompañar los documentos acreditativos de los respectivos asientos contables emanados de la contabilidad de la contribuyente, en donde figuraran como “cuentas por pagar” los cheques girados.

El texto de la sentencia es el siguiente:

“Concepción, dieciséis de octubre de dos mil quince.

VISTO:

Se reproduce la sentencia elevada en apelación a esta Corte por el contribuyente, XX, dictada por el Juez Tributario y Aduanero de la Región del Biobío don ZZ, escrita de fojas 370 a 376 inclusive.

Y SE TIENE, ADEMÁS, PRESENTE:

PRIMERO: Que la sentencia en alzada de once de diciembre de dos mil catorce rechaza, con costas, la reclamación interpuesta por el letrado AA, en representación de XX, interpuesta en contra de la Liquidación Nº 15.075, la cual, en consecuencia, es confirmada en la sentencia en revisión.

SEGUNDO: Que, como se dijo, recurre a esta instancia el Contribuyente, XX, mediante apelación conducida para estos efectos, en donde reprocha variados aspectos de la sentencia en alzada. En efecto, indica como vulneradas, en primer término, las disposiciones contenidas en los artículos 21, 24 y 63 del Código Tributario, lo que, a su entender, anula el procedimiento y también la Liquidación reclamada, explicando la forma en que se produciría la infracción que reclama. También reprocha de la sentencia en revisión la ocurrencia de una infracción a las normas del “Onus Probandi”, estimando que su representada ha dado pleno cumplimiento al artículo 21 del Código Tributario, por las razones que en detalle explica. Añade, asimismo, quien apela -en lo relativo al concepto de Gasto Necesario- que el juez en su sentencia incurre en errores; uno de los cuales consiste en no considerar que la cantidad o suma que representan los gastos necesarios pueden estar pagados o adeudados al invocarse ante el Servicio, de modo tal, añade, que si el juez recurrido entiende o presume que nunca se efectuó el pago de los $400.000.000, necesariamente debe colegirse que aquella cantidad es adeudada por XX en favor del señor Vera Vidal, criticando la manera con que el juez de la instancia ha ponderado la prueba que consta en autos, rendida sobre este extremo.

TERCERO: Que, para una acertada resolución de estos antecedentes, es menester tener en cuenta los requisitos que, en forma copulativa, deben ser cumplidos por una determinada erogación a fin de ser considerada como gasto necesario para producir la renta; según el parecer mayoritario de la doctrina y jurisprudencia especializada; todos lo que aparecen especificados en la consideración 13) de la sentencia en revisión. Uno de ellos es la necesariedad del gasto, en el sentido de aquellos que son menester, indispensables o que hacen falta para un determinado fin; en este caso, para producir la renta.

CUARTO: Que, en lo tocante a la determinación del sentido y alcance del requisito relativo a la “necesariedad del gasto”, estos sentenciadores comparen en plenitud lo expuesto sobre el particular por el sentenciador de la instancia en la consideración 15) de la sentencia en revisión, en la cual se precisa, en lo esencial, que: “…una vez que la reclamante adquirió la totalidad de las acciones y derechos sobre el inmueble, procedió a subdividirlo con fecha 17 de diciembre de 2010…De seguido, con fecha 26 de abril de 2011, como consta a fojas 223, el reclamante enajenó el lote dos resultante de la subdivisión ya mencionada, el Servicio de Vivienda y Urbanismo. Y por último, celebró el contrato de transacción y dación en pago con fecha 20 de diciembre de 2011, como se ve a fojas 195, ocho meses después de haber enajenado el SERVIU el lote dos, y afecta solamente al lote uno, el que nunca fue enajenado ni prometido enajenar al SERVIU”, de cuyo tenor se colige que el contrato de transacción en la cual consta el pago de la indemnización objeto de estos antecedentes, fue suscrita ocho meses después de la enajenación del lote dos -y no antes- (o al menos, coetáneamente) de la fecha de celebración de esta última; constatación que desvirtúa claramente la necesariedad del “pago” de la indemnización aludida por el reclamante, efectuado con la finalidad de poder ser materializada la enajenación del lote dos, la cual ocurrió antes, como se dijo; lo que hace desvanecer lo dicho por el reclamante sobre este extremo tanto en su reclamación como en la apelación interpuesta.

Esta sola constatación, a juicio de estos sentenciadores, resulta suficiente para proceder al rechazo del reclamo interpuesto, tal cual lo hizo el juez de la instancia, al establecer en su sentencia los hechos antes descritos.

QUINTO: Que, asimismo, con respecto a la exigencia contenida en el artículo 31 de la ley sobre impuesto a la herencia, referida a que todos los gastos necesarios para producir la renta -que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30 durante el ejercicio comercial correspondiente- sean éstos pagados o adeudados, podrán ser deducidos de la renta bruta, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio, es menester precisar que sea que se trate de gastos “pagados” o “adeudados”, estos deben ser acreditados o justificados en forma fehaciente; de modo claro e indubitado; lo que no ha ocurrido en la especie.

En efecto, en lo relativo a la falta de acreditación del pago, el sentenciador de primera instancia se refiere a ello en la consideración 14), atendido el hecho –entre otros- que no existe en autos ninguna clase de registros bancarios, tales como cartolas, estados de cuenta o similares; ni ninguna otra clase de documentos que sean indiciarios de su efectividad. Señala, también, que tampoco se aportaron copias de los cheques con los cuales -según el reclamante- habría efectuado el pago de la indemnización en referencia; mismo esfuerzo probatorio que debió haber desplegado el reclamante para acreditar o justificar –en forma fehaciente- el hecho que se adeudaba la tantas veces referida indemnización; objetivo que no cumplió. En efecto, a juicio de estos sentenciadores, no resulta suficiente –en este caso- hacer mención exclusivamente a los títulos de crédito (cheques) girados en favor del Sr. YY, según consta en escritura pública de complementación de transacción de fecha 22 de marzo de 2013, (en su cláusula cuarta), rolante a fojas 261 y siguientes, pudiendo haberse acompañado en autos por el contribuyente, al menos, los documentos acreditativos de los respectivos asientos contables emanados de la contabilidad del contribuyente, en donde figuren como “cuentas por pagar” los cheques girados, aludidos en la citada cláusula del documento de fojas 261 y siguientes; lo que no ocurrió, debiendo, en consecuencia, ser rechazada la alegación del contribuyente sobre este aspecto, a mérito de no haberse logrado acreditar o justificar por éste -en forma fehaciente- el hecho que se adeudara la tantas veces referida indemnización supuestamente pagada por el contribuyente XX al Sr. YY.

De este modo, se violenta (y, en definitiva, se incumple) por parte del contribuyente, aquella obligación contenida en el artículo 21 del Código Tributario, la cual pone de su cargo “probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establezca, en cuanto sean necesarios u obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes…”.

SEXTO: Que, en lo referente a la supuesta infracción al artículo 24 del Código Tributario, en la cual habría incurrido el sentenciador de la instancia, menester es indicar que éste se hace cargo suficientemente de este reproche en la consideración 10), la cual es suscrita por estos sentenciadores; sin más nada que agregar.

Por estas consideraciones, citas legales señaladas, se declara que se CONFIRMA en todas sus partes, y sin costas, la sentencia apelada de fecha once de diciembre de dos mil catorce, escrita de fojas 370 a 376.

Regístrese y devuélvanse los antecedentes con su custodia.”

ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE CONCEPCIÓN – SEXTA SALA – 16.10.2015 – ROL N° 13-2015 – MINISTROS SR. CÉSAR PANÉS RAMÍREZ, SR. MANUEL MUÑOZ ASTUDILLO, Y ABOGADO INTEGRANTE SR. MAURICIO ORTIZ SOLORZA.