Año - 2019Laboral

DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL. EXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL CONLLEVA QUE EMPLEADOR PAGUE LAS COTIZACIONES PREVISIONALES

Del artículo 162 incisos 5° a 7° del Código del Trabajo, se desprende que la ley impone el empleador la obligación que, al momento del despido, se encuentren pagadas las cotizaciones previsionales correspondientes al mes anterior a aquél en que se produjo la desvinculación. En este caso, fue materia de la controversia si entre las partes existió una relación laboral, lo que solo se estableció en el fallo, de manera que antes de aquello, no había un empleador, un trabajador ni tampoco que el primero, estaba en la obligación de retener parte de las remuneraciones del segundo, ni menos en condiciones de enterarlas en el ente de seguridad social respectivo, que es el fundamento jurídico para aplicar al empleador la sanción que contempló el legislador, en atención a su carácter de agente retenedor.

DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL, DESPIDO INJUSTIFICADO, NULIDAD DEL DESPIDO Y COBRO DE PRESTACIONES. I. IMPROCEDENCIA DE APLICAR SANCIÓN DE NULIDAD DEL DESPIDO SI RELACIÓN LABORAL SE ESTABLECE EN LA SENTENCIA. II. DEBER DEL EMPLEADOR DE CUMPLIR CON OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL. EXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL CONLLEVA QUE EMPLEADOR PAGUE LAS COTIZACIONES PREVISIONALES
 

1 . Del artículo 162 incisos 5° a 7° del Código del Trabajo, se desprende que la ley impone el empleador la obligación que, al momento del despido, se encuentren pagadas las cotizaciones previsionales correspondientes al mes anterior a aquél en que se produjo la desvinculación. En este caso, fue materia de la controversia si entre las partes existió una relación laboral, lo que solo se estableció en el fallo, de manera que antes de aquello, no había un empleador, un trabajador ni tampoco que el primero, estaba en la obligación de retener parte de las remuneraciones del segundo, ni menos en condiciones de enterarlas en el ente de seguridad social respectivo, que es el fundamento jurídico para aplicar al empleador la sanción que contempló el legislador, en atención a su carácter de agente retenedor. Por consiguiente, tratándose la nulidad del despido de una sanción, la norma en estudio debe interpretarse en forma restrictiva; de todo lo cual se desprende que, tal como lo decidió el sentenciador de la instancia, no era procedente en este caso aplicarla, aun cuando en el fallo impugnado se hayan esgrimido argumentos diferentes a aquellos que se sostienen en esta resolución, los que para estos efectos, carecen de influencia en su parte dispositiva (considerandos 7° a 9° de la sentencia de la Corte de Apelaciones)

2 . El recurrente argumenta el recurso sobre la base de hechos diferentes a aquellos que se han asentado en la sentencia. En efecto, lo que hace es discutir la naturaleza del vínculo que ligó a las partes, lo que se ha establecido en la sentencia que impugna, de modo que, existiendo una relación laboral, lo que corresponde es que el demandado como empleador, cumpla con todas aquellas obligaciones propias de ella, reconocidas por el Código del Trabajo y sus leyes complementarias, dentro de las cuales se encuentra el pago de las cotizaciones previsionales. Por lo tanto, las normas que se denuncian como infringidas, no resultan aplicables, pues corresponden a un régimen estatutario diferente al que se estableció entre las partes, pues se excluyó del régimen contemplado en el artículo 11 de la Ley N° 18.834, siendo la sentencia la que, lo obliga a dar cumplimiento a la normativa laboral (considerandos 19° y 20° de la sentencia de la Corte de Apelaciones)
TEXTO COMPLETO DE LA SENTENCIA
Santiago, treinta de julio de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, se sustanció la causa caratulada «Cerda con Fisco de Chile/Gendarmería de Chile», RIT N° O 3881 2018, RUC N° 18401123152 2, por declaración de relación laboral, despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones.

Por sentencia de doce de marzo de dos mil diecinueve, la jueza titular de dicho tribunal, doña Andrea Silva Ahumada, rechazó las excepciones de incompetencia, falta de legitimidad pasiva y prescripción opuestas por la demandada y acogió parcialmente la demanda, declarando la existencia de la relación laboral entre las partes, entre el 29 de marzo de 2014 al 30 de marzo de 2018, que el despido fue injustificado y condenó al demandado al pago de las indemnizaciones derivadas del término de la relación laboral, con un recargo del 50% respecto de la indemnización por años de servicios, el pago de las cotizaciones y rechazó la acción de nulidad del despido.

Contra esta sentencia, ambas partes recurrieron de nulidad. La parte demandante, invocando la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, en la hipótesis de infracción de ley y solicita se la anule, solo en cuanto rechazó la acción de nulidad del despido.

La demandada deduce su recurso, invocando, en forma subsidiaria, las causales de los artículos 478 letra e), letra c) y la del artículo 477, ambas del Código del Trabajo, solicitando en definitiva, respecto de las dos primeras causales, que se anule la sentencia recurrida y se rechace la demanda, en todas sus partes y, respecto de la última causal, que se la anule en aquella parte en que condenó al pago de cotizaciones previsionales y se dicte una de reemplazo que niegue lugar al pago de dicha prestaciones.

Declarados admisibles ambos recursos, se procedió a su vista, escuchando los alegatos de ambas partes.

CONSIDERANDO:

I. EN CUANTO AL RECURSO DEDUCIDO POR LA DEMANDANTE

PRIMERO: Que la causal que se invoca, como ya se anunció, es la del artículo 477 del Código del Trabajo, en la hipótesis de infracción de ley, en relación con el artículo 162 inciso 5° del citado cuerpo legal y del artículo 19 del Código Civil, fundado en que la sentenciadora incurre en una falta contra disposición expresa de la ley, al no dar lugar a la solicitud de nulidad del despido y, consecuentemente, al pago de remuneraciones hasta la convalidación del mismo, infracción que se produjo porque se ha interpretado restrictivamente la norma denunciada, dado que establece un contexto específico en el cual debe ocurrir el no pago de las cotizaciones, retención y no pago por el empleador a las instituciones previsionales , situación fáctica que no es la requerida por el legislador, ya que solo se establecen dos requisitos taxativos, a saber, un despido y un incumplimiento de pago previsional. Expresa que, al exigirse un requisito no contemplado en la ley, concurre la causal invocada, por omisión del tenor literal de la regla contemplada en el artículo 19 del Código Civil, aplicando de manera incorrecta lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo, por lo tanto, vulnerándose ambas normas legales. Cita al respecto la sentencia de Unificación de Jurisprudencia rol N° 8.318 2014.

SEGUNDO: Que, al respecto, cabe señalar que, como reiteradamente se ha sostenido por esta Corte, la causal de nulidad prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo, en su segunda hipótesis, esto es, infracción de ley con influencia en su parte dispositiva, tiene como finalidad velar porque el derecho sea correctamente aplicado a los hechos o al caso concreto determinado en la sentencia. En otras palabras, su propósito esencial está en fijar el significado, alcance y sentido de las normas, en función de los hechos que se ha tenido por probados.

TERCERO: Que desde este punto de vista lo que se hace a través de esta causal de nulidad, es la confrontación de la sentencia con la ley llamada a regular el caso, lo que supone fidelidad a los hechos probados en la sentencia, pues lo que se ha de examinar es si las conclusiones fácticas encuadran en el supuesto legal respectivo. En definitiva, para poder examinar el juzgamiento jurídico del caso resulta menester que los hechos a partir de los que se estructura la impugnación se encuentren fijados en la sentencia los que son inamovibles pues solo de cumplirse tal exigencia se podrá generar el debate sobre la infracción de ley que se denuncia.

CUARTO: Que son hechos establecidos en la sentencia, los siguientes:

a) Se acreditó que la fecha de inicio fue el 29 de marzo del año 2014 y de término el día 31 de marzo del año 2018.
b) Las funciones a desempeñar eran de asesoría especializada a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, específicamente, de carácter administrativo y propio de una secretaria.
c) La actora solo contaba con licencia de enseñanza media.
d) La demandante realizaba funciones propias de la demandada y bajo subordinación y dependencia.
e) El demandado reconoció que no pagó las cotizaciones previsionales y la demandante a su vez que las correspondientes a salud, se las pagaba su marido.
f) Por sus servicios, la actora recibía mensualmente una remuneración
g) El término de la relación se produjo sin dar cumplimiento a las formalidades legales del artículo 162 del Código Laboral.

QUINTO: Que sobre la base de los hechos reseñados en forma precedente, la sentencia, estableció que, si bien formalmente se habían suscritos contratos de honorarios, en la realidad, lo que existía era una relación de naturaleza laboral, regida por el Código del Trabajo, por lo que habiéndose procedido al despido de la actora sin causa legal, dio lugar al pago de las indemnizaciones, el incremento del cincuenta por ciento por sobre la por años de servicios, feriado y el pago de la cotizaciones previsionales por todo el período que duró la vinculación regida por el Código Laboral. Por último, rechazó declarar la nulidad del despido, teniendo en consideración el nuevo criterio sustentado por la Excma. Corte Suprema y que la Administración del Estado nunca estuvo en condiciones de convalidar el despido ya que para ello es menester la existencia de una sentencia condenatoria.

SEXTO: Que corresponde determinar entonces si la sentenciadora hizo una correcta aplicación e interpretación de las normas que se han denunciado, al desestimar la acción de nulidad del despido, cuando ha sido el fallo que estableció la existencia de una relación laboral entre las partes.

SÉPTIMO: Que analizados los incisos quintos a séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, se desprende que la ley impone el empleador la obligación que, al momento del despido, se encuentren pagadas las cotizaciones previsionales correspondientes al mes anterior a aquél en que se produjo la desvinculación.

OCTAVO: Que, en el caso en estudio, fue materia de la controversia si entre las partes existió una relación laboral, lo que solo se estableció en el fallo, de manera que antes de aquello, no había un empleador, un trabajador ni tampoco que el primero, estaba en la obligación de retener parte de las remuneraciones del segundo, ni menos en condiciones de enterarlas en el ente de seguridad social respectivo, que es el fundamento jurídico para aplicar al empleador la sanción que contempló el legislador, en atención a su carácter de agente retenedor.

NOVENO: Que, por consiguiente, tratándose la nulidad del despido de una sanción, la norma en estudio debe interpretarse en forma restrictiva; de todo lo cual se desprende que, tal como lo decidió el sentenciador de la instancia, no era procedente en este caso aplicarla, aun cuando en el fallo impugnado se hayan esgrimido argumentos diferentes a aquellos que se sostienen en esta resolución, los que para estos efectos, carecen de influencia en su parte dispositiva, pues el resultado es el mismo, esto es, la improcedencia de aplicar la sanción de nulidad del despido.

DÉCIMO: Que por todo lo razonado, al no haberse incurrido en la infracción denunciada, el recurso de nulidad interpuesto no puede prosperar y será desestimado.

II. EN CUANTO AL RECURSO DE NULIDAD DEDUCIDO POR LA PARTE DEMANDADA:

UNDÉCIMO: Que la primera causal invocada por la demandada, es la del artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, en relación con lo dispuesto en el artículo 459 N° 4 del citado cuerpo normativo. En específico, alega que el sentenciador no valoró la prueba en su totalidad, conforme se desprende de los considerandos décimo y undécimo, concluyendo, en base a los mismos, que el carácter de cometido específico en que la ley determina la contratación a honorarios, resultó desvirtuado, omitiendo el análisis de toda la prueba rendida.

Señala que la sentenciadora no analizó la siguiente prueba:

a) Decretos referidos que aprobaron los convenios a honorarios a suma alzada suscritos con la demandante. En dichos convenios se establecían funciones específicas y delimitadas.
b) Decreto 21 de 16.04.2014 del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que crea el Consejo Nacional de la Infancia.
c) Acta N° 9 del Consejo Nacional de la Infancia, correspondiente a sesión ordinaria de dicho organismo celebrada con fecha 2 de marzo de 2018, y
d) Testigos Sonia Redlich y Fabián González.

Expresa que de haber analizado toda la prueba, la sentenciadora habría concluido que las labores para las cuales fue contratada la actora no son habituales ni permanentes, ya que todas sus funciones estaban orientadas para servir al Consejo Nacional de la Infancia, respecto del cual cesaron sus funciones con fecha 31 de marzo, tal como fue previsto en el último convenio suscrito por la actora y por lo tanto, se trata de un cometido específico, conforme a la tercera hipótesis del artículo 11 del Estatuto Administrativo.

DUODÉCIMO: Que se alega que se ha dictado con omisión del numeral 4° del artículo 459 del Código del Trabajo, que exige que la sentencia analice toda la prueba rendida, los hechos probados y el razonamiento que lo lleva a esta conclusión. DECIMOTERCERO: Que de la lectura de la sentencia que por esta vía se impugna, aparece que, contrariamente a lo sostenido en el arbitrio, en los motivos décimo al décimo cuarto, la falladora, sí analizó la prueba rendida, tanto la documental, como la testimonial, siendo ésta la que le permitió tener por acreditado que, conforme a la primacía de la realidad, la naturaleza de la vinculación entre las partes era de carácter laboral, por haberse acreditado la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia; debiendo regirse por las normas del Código del Trabajo y sus leyes complementarias y excluyendo así la aplicación del artículo 11 de la Ley N° 18.834, pues las funciones para las cuales había sido contratada la demandante, no eran cometidos específicos, ni transitorios ni temporales como los que establece dicha norma legal .

DECIMOCUARTO: Que lo que se advierte es que, en realidad, el recurrente no concuerda ni con la valoración ni con los razonamientos expuestos en el fallo en análisis, lo que no configura la causal en estudio.

DECIMOQUINTO: Que, en forma subsidiaria a la causal anterior, invoca la del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, explicando que la sentencia califica la relación entre las partes como una relación laboral, sin embargo, sin necesidad de modificar los escasos hechos que la sentencia considera, es posible desprender que dicha calificación jurídica es errada. Hace presente que la contratación de la actora se realizó conforme al artículo 11 del Estatuto Administrativo, norma que no señala un plazo determinado sobre el cual puede contratarse y no resulta procedente recurrir a una norma establecida en el Código del Trabajo, desde que lo que se discute es si dicha normativa es aplicable o no. El encargo de un cometido específico no puede ser permanente, pero lo que debe determinarse es si se cuenta con la especificación, resultando insuficiente sostener que una contratación es permanente por el sólo hecho de haberse efectuado por cuatro años. En tal sentido, lo que plantea es que resulta erróneo calificar como permanente un vínculo fundado únicamente en el periodo de su duración. Agrega que la conclusión del tribunal de que cuatro años de funciones hace posible atribuir a la contratación el carácter de permanente, no solo carece de sustento legal, sino que resulta totalmente antojadizo, máxime si se considera que en la Administración del Estado los proyectos, por la envergadura que pueden llegar a revestir, necesitan de periodos extensos para su desarrollo. La sentenciadora, como antecedente para establecer que la relación entre las partes es laboral, añade que la actora únicamente cuenta con licencia de enseñanza media y ninguna otra calificación profesional y que realizaba labores administrativas, sin embargo, fue contratada para desarrollar un cometido específico, y para ello el Estatuto Administrativo no requiere que la persona contratada tenga un título profesional. Concluye que una adecuada calificación jurídica de los hechos, habría establecido que las labores para las cuales fue contratada, no son las permanentes de la institución, sino que obedecen a un cometido específico, concreto y determinado, sin que para ello sea determinante tener un título profesional determinado, y en consecuencia habría concluido que su contratación se encuentra conforme lo establece el artículo 11 del Estatuto Administrativo, debiendo, por ende, rechazar la demanda en todas sus partes.

DECIMOSEXTO: Que, respecto de la causal de invalidación en estudio, es la prevista en la letra c) del artículo 478 del Código del Trabajo, esto es, «cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior».

Esta causal como se ha sostenido reiteradamente, dice relación estrictamente con una cuestión de derecho, pues debe determinarse si un hecho establecido en el proceso, se encuentra regulado por una determinada norma legal para lo cual el tribunal debe realizar un juicio de valor, pero con la limitación que no pueden alterar las conclusiones fácticas del tribunal inferior.

DECIMOSÉPTIMO: Que como puede advertirse, los fundamentos esgrimidos por el recurrente, no solo dicen relación con una calificación jurídica diferente de los hechos establecidos, sino que también su modificación, pues como quedó establecido en el motivo cuarto precedente, se dieron por acreditados los presupuestos de la relación laboral, desestimándose las alegaciones del recurrente en cuanto a que los servicios prestados por la actora se encuadraban dentro del artículo 11 de la Ley 18.834 por no corresponder a cometidos específicos, transitorios ni temporales, como exige la norma en estudio.

DECIMOCTAVO: Que, como última causal subsidiaria, invoca la dispuesta en el artículo 477 del Código del Trabajo, alegando infracción de ley al condenar al Fisco de Chile al pago de las cotizaciones previsionales de la actora en AFP Provida. Explica que la infracción de ley se produce al condenar al Fisco al pago de cotizaciones previsionales, en circunstancias que se encontraba en la imposibilidad jurídica de contratar a la actora bajo la normativa del Código del Trabajo y de pagar sus cotizaciones, sin infringir el principio de legalidad que lo rige, refiriéndose al mismo en cuanto a la competencia y presupuestaria. Atendida la naturaleza civil de la contratación, carecía de título para retener y efectuar el pago de las cotizaciones demandadas por la actora. Sostener lo contrario importaría no solo contravención de ley, sino que importaría además una sanción desproporcionada para el Fisco de Chile, atendida la elevada cuantía que importan los reajustes, intereses y multas establecidas en la ley 17.322. Alega consecuencialmente infracción a las siguientes normas:
El artículo 1° de la ley N° 18.834, Estatuto Administrativo y el artículo 15 de la ley N° 18.575, en relación con el artículo 11 del aludido Estatuto Administrativo.

Los artículos 6 y 7° y 100 de la Constitución Política de la República y artículo 2° de la ley 18.575 y art. 2 de la ley 19.880 de Bases de Procedimiento Administrativo.

Artículo 4 inciso 2° y artículo 9 inciso 3° del D.L. N° 1263 Artículo 58 del Código del Trabajo.

Artículo 17 inciso final del Decreto Ley N° 3500.

Reitera los antecedentes relativos a la contratación de la actora, el estatuto aplicable, la improcedencia del pago de cotizaciones previsionales o de seguridad social por parte del fisco, y explica la transgresión a las normas aludidas en relación a los principios de legalidad presupuestaria.

DECIMONOVENO: Que, nuevamente el recurrente, argumenta esta causal sobre la base de hechos diferentes a aquellos que se han asentado en la sentencia. En efecto, lo que hace es discutir la naturaleza del vínculo que ligó a las partes, lo que se ha establecido en la sentencia que impugna, de modo que, existiendo una relación laboral, lo que corresponde es que el demandado como empleador, cumpla con todas aquellas obligaciones propias de ella, reconocidas por el Código del Trabajo y sus leyes complementarias, dentro de las cuales se encuentra el pago de las cotizaciones previsionales.

VIGÉSIMO: Que, de acuerdo con lo que se viene razonando, se puede concluir que las normas que se denuncian como infringidas, no resultan aplicables, pues corresponden a un régimen estatutario diferente al que se estableció entre las partes, pues se excluyó del régimen contemplado en el artículo 11 de la Ley 18.834, siendo la sentencia la que, lo obliga a dar cumplimiento a la normativa laboral, dentro de las cuales, como ya se explicó, se encuentra la de pagar las cotizaciones previsionales de la actora y que corresponde a todo el período en que se reconoció que existió la relación laboral.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que no habiéndose configurado ninguna de las causales esgrimidas por el demandado, se rechazara su arbitrio.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 482 del Código del Trabajo, se rechazan, los recursos de nulidad impetrados por la parte demandante y la demandada, en contra de la sentencia de doce de marzo del año en curso, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, la que no es nula.

Redactó la ministra señora Marisol Andrea Rojas Moya.

Regístrese y comuníquese. No firma la Fiscal Judicial señora Clara Carrasco Andonie, quien concurrió a la vista del recurso y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de su feriado legal.

Pronunciada por la Duodécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada por el Ministro (s) Guillermo Rodríguez González y por la Fiscal Judicial señora Clara Carrasco Andonie. Rol N° 797 2019.